El proceso de impartición de justicia y Florence Cassez

En esta ocasión me acompaña para la realización de este blog, José de Jesús García.

El Proceso de Impartición de Justicia y Florence Cassez     

Proyecto de Arturo Zaldívar

José de Jesús García

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,  ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  propone en su proyecto de resolución, la inmediata libertad de la francesa a, condenada a 60 años de cárcel por secuestro.  Será el próximo 21 de marzo cuando la Primera Sala del Máximo Tribunal discuta el proyecto de Zaldívar Lelo de Larrea.

La SCJN no discutirá si Cassez es culpable o inocente de plagio. Sólo se referirá a si se violaron o no derechos durante su aprehensión en 2005. Éste es el segundo amparo que interpone la defensa de Cassez ante la Corte, el cual fue rechazado en 2011. Arturo Zaldívar argumentó que fueron violados sus derechos a la notificación, contacto y asistencia consular. Contradictoriamente el proyecto no se pronuncia sobre las pruebas del otro detenido, Israel Vallarta Cisneros.

El proyecto del ministro no solo juzga la “viciada actuación de las autoridades que detuvieron a la ciudadana francesa” sino también la actuación del poder judicial. La Procuraduría General de la República (PGR) indica que la sentenciada combatió la resolución de apelación, mediante juicio de amparo directo, mismo que le fue negado. “Tres instancias judiciales federales consideraron que en este caso el Ministerio Público de la Federación logró acreditar el tipo penal de los delitos graves por los que ejercitó acción penal y determinó la responsabilidad penal de Florence Cassez”. En comunicado difundido  por la PGR  precisó que la sentenciada fue encontrada culpable por el juez de primera instancia y el tribunal de apelación por la comisión de tres secuestros, incluido el de una mujer y un menor, posesión y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.

La Procuraduría criticó que el caso Cassez fuera tomado por la Corte cuando no era ámbito de su competencia e indicó “la resolución del Tribunal Colegiado no decidió sobre la inconstitucionalidad de una ley, ni estableció interpretación directa de un precepto de la Constitución que además entrañara un criterio de importancia y trascendencia que amerite la competencia de la Corte, de tal forma que el propio recurso de revisión es improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Con las reformas de 2010, se transfirió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves a derechos humanos. Por su parte, Raúl Plasencia, presidente de la CNDH demandó no descartar los testimonios de las víctimas que la acusan a Florence Cassez de secuestro a y no tomar decisiones apresuradas. 

En caso de que el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sea aprobado quiere decir que la justicia mexicana es fácilmente manipulable, ya que  las tres instancias judiciales fueron convencidas por el Ministerio Público Federal. A final de cuentas, el ¿único ministro honesto es Arturo Zaldívar?

En estas condiciones surge la interrogante después de aprobarse el proyecto Arturo Zaldívar, ¿qué sigue? El ministro tiene un gran dilema personal: actuar en consecuencia para cambiar el sistema de justicia en México y en caso de no poder hacerlo,  sólo le queda renunciar a su cargo para no ser cómplice con un sistema manipulable y corrupto.

El procedimiento en el caso de Florence Cassez

Víctor Manuel Muñoz Patraca

Desde julio del año pasado, por la revisión del expediente Florence Cassez, ya sabíamos que el proceso estaba viciado de origen, hoy el ministro Arturo Zaldívar afirma en su resolución que la acusada debe ser puesta en libertad, al concederle el amparo.

La impartición de justicia en México y sus procedimientos son uno de los lastres principales por los cuales no se puede salir del atraso político. Aparte de ser una amenaza para la ciudadanía, pues en cada momento el aparato judicial puede volverse contra ella y fabricar un proceso, es una carencia estructural la falta de seguridad.  Al no poder impartir seguridad a la ciudadanía, se incumple con la característica del Estado moderno planteado por Hobbes.

Ya se han hecho reformas importantes para satisfacer esta demanda: en diciembre de 1994 el presidente Ernesto Zedillo envió un paquete de reformas para crear la judicatura y elevar a Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora, aparte de que quedaremos exhibidos ante el mundo, se impone una reforma seria y a fondo que acompañe la lucha contra el crimen organizado. Al mismo tiempo una reforma a los planes y la forma del estudio del derecho en las universidades. Me refiero a las escuelas de derecho, y no solamente a la UNAM, donde los aspirantes a abogados no profundizan ni razonan las responsabilidades de justicia, de emitir cualquier juicio del sentido común y su concepción de la vida. Menos aún están preparados, para hacer una sentencia penal que implique la afectación de un individuo o un ciudadano incluso de cualquier aspecto del derecho.

El derecho en México no garantiza la seguridad del individuo, su propiedad y su vida social. Es importante que la propuesta del ministro Zaldívar no se quede en una resolución, en la sentencia absolutoria, sino que también se acompañe de un proyecto de reforma del sistema jurídico mexicano.