CLIVAGES Y PARTIDOS NACIONALES EN MÉXICO

El reinicio de la vida constitucional al finalizar la Revolución Mexicana hizo surgir los clivages decisivos en la conformación del sistema de partidos en México durante el siglo XX, los cuales en la actualidad, podemos afirmar,  han sufrido una recomposición.

Más que desaparecer, las divisiones se expresan en términos acordes con la situación imperante en el país, después del largo proceso de transformación política vivido.   En esta presentación haré referencia a dos clivages que resultan de particular interés y sobre los cuales particularizarán otras ponencias.

         El 6 de febrero de 1917, un día después de haber sido promulgada la constitución política vigente, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, convocó a elecciones extraordinarias de Presidente de la República, Diputados federales  y Senadores, con base en la Ley Electoral de esa fecha.

         De esta forma, el régimen de la Revolución Mexicana inauguraba y reconocía la gran ruptura, el clivage, que sería su objetivo histórico durante todo el siglo XX. Puntualmente, del 6 de febrero de 1917 al 6 de julio de 2000 la nación mexicana se ocupó de organizar sus diferentes planos históricos y lograr la gran tarea emprendida de ser una nación soberana y democrática, la cual se había propuesto desde el Congreso de Apatzingán.

         Efectivamente, la tendencia historiográfica política contemporánea no quiere repetir argumentos con olor a antiguo régimen priísta, pero hay el suficiente material historiográfico para afirmar que la búsqueda de la nación mexicana, desde hace dos siglos, es la búsqueda de una nación ilustrada, liberal y enemiga del totalitarismo.

         Si los clivages, como los plantean Lipset y Rokkan, pero también Dahl y Lijphart, son la búsqueda histórica de los elementos que, sustentados o no matemáticamente, dan como resultado una determinada democracia, como es el caso de la democracia madisoniana. Ese arranque en México puede ser adoptado histórica y comparativamente sin problema.

         No intentaré presentar a ustedes un ejercicio comparativo como hacen los autores señalados, pero sí señalaré que, independientemente de las formaciones metodológicas el caso mexicano cumple los requerimientos, e intentaré demostrarlo.        

Una de las divisiones o clivages básicos es el de centro-periferia. Efectivamente, durante el periodo colonial México vivió tres siglos de un regionalismo, que la transformación en república federal, y el cumplimiento de la disposición territorial en el título II de la Constitución de 1917, no pudo cambiar. 

La organización colonial trajo consigo la relación territorial y comunal que se conservó con su orden propio desde tiempos prehispánicos. Ésta fue violentada y transformada para dar paso a la república federal.

         Un primer plano de organización se establece: la relación centro-periferia, provincias-capital. La mera geografía trae aparejada una manera de elucidar los problemas que se habían presentado en el pasado pero ahora se ha buscado resolverlos de manera menos violenta. La relación comunidad-ciudad productiva, que se resuelve como “arriba pueblos, abajo haciendas”, y que es la historia del municipio mexicano hasta 1983, da un nuevo gobierno, lo cual fue compuso el caciquismo del siglo XX, problema que se enfrentó en los años 60.      El clivaje centro-periferia mantiene su vigencia hasta el día de hoy como expresión de una división entre poder central - poderes locales. La destrucción del poder central, como resultado de la guerra civil que vivió el país a partir de 1910, obligó a la creación de nuevas relaciones político-institucionales, proceso que se extendió más allá de la promulgación de la constitución política de 1917.

En este período funcionaron agrupaciones políticas previas a la formación de partidos políticos, organizadas en apoyo de un líder (un caudillo revolucionario) o para expresar reivindicaciones de tipo específico, muchas veces de carácter regional. El conflicto entre grupos de poder regional que se disputaban el poder central fue la característica de la vida política hasta la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), concebido como un intento por unificar a los ex revolucionarios, y organizar la búsqueda del poder por medio de una organización expresamente creada para ello.

La transformación del PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) implicó la introducción de formas de organización como la afiliación indirecta por medio de grandes centrales obreras y campesinas, que permitieron continuar el proceso de centralización del poder, que a partir de entonces daría al presidente de la República el papel protagónico desempeñado durante las décadas en que México tuvo un sistema de partido hegemónico.      

La disciplina impuesta desde la capital política del país fue llegando a estados y municipios que terminaron por acatar, en ocasiones después de haber intentado resistir, decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia. Conflictos y negociaciones entre distintos niveles de gobierno, y entre el gobierno federal y los poderes informales –como los caciques-- formaron parte de la normalidad autoritaria, una realidad que tiende a ignorarse cuando se presenta al presidente de la República como un poder omnímodo. Sin duda el presidente recurría a la imposición para resolver conflictos surgidos con políticos de los estados, pero generalmente esto ocurría cuando el intento de negociación había fracasado.

El cambio iniciado con la reforma político-electoral de 1977 trajo como consecuencia, pocos años más tarde, la modificación constitucional para establecer un mayor equilibrio en las relaciones entre la federación y los estados. El inicio del desmantelamiento del centralismo significó, entre otras cosas, la puesta en marcha de un nuevo federalismo. La fracción VII del artículo 116 constitucional –modificado en 1987-- da cabida a la concepción del federalismo cooperativo que, de acuerdo a autores como Luis Aguilar, se fue construyendo en las últimas décadas del siglo XX sobre la base del principio de la equidad institucional. “Este nuevo federalismo reconocería las diferencias y autonomías de los gobiernos, pero su acento estaría puesto en las oportunidades y tareas de cooperación y corresponsabilidad.”[1]  

En materia municipal, la reforma constitucional de 1983 ha sido considerada como la más importante, pues:

1)    Elevó a rango constitucional los lineamientos para la suspensión y desaparición de ayuntamientos, así como para la revocación de munícipes.

2)    Se estableció el sistema de representación proporcional para todos los municipios.[2]

Después, mediante reformas de 1987, 1999 y 2008, se introdujeron preceptos que fortalecen al municipio como ámbito de gobierno que goza de autonomía. Los resultados no son satisfactorios en todos los casos: el robustecimiento de las finanzas municipales a partir de 1983 no se acompañó de la definición de límites y obligaciones precisas de transparentar el manejo de los recursos municipales. Así, la libre administración de la hacienda municipal[3] se ha interpretado de manera poco escrupulosa por autoridades de diversos municipios.  

Los cambios más recientes,  como la instauración de los juicios orales  y la coordinación de los tres órganos de gobierno en materia de seguridad pública, apenas han comenzado a instrumentarse en un número muy reducido de entidades.

         Pero más allá de las disposiciones a favor del nuevo federalismo, la pluralidad política existente actualmente, y que se manifiesta en gobiernos de las entidades federativas surgidos de los tres grandes partidos, PAN, PRI y PRD, ha dado lugar a nuevas manifestaciones de relación entre el gobierno federal y los estatales.

Hay, conforme a los principios básicos del federalismo, relaciones de cooperación entre los tres órdenes de gobierno que funcionan de manera regular. Conocemos también de los conflictos que surgen entre instancias federales y estatales, sobre todo en situaciones de crisis, cuando los problemas se exacerban; y como, una vez superadas esas situaciones se reduce el nivel de conflictividad. Pienso por ejemplo en las acusaciones entre los distintos niveles de gobiernos y organismos públicos, cada vez que las lluvias producen desbordamientos e inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Los aspectos novedosos en este contexto tienen que ver con la competencia existente entre gobiernos de partidos diferentes. Los partidos buscan mantener las posiciones obtenidas, o lograr la alternancia mediante la proyección de una imagen a nivel nacional. Los aciertos se difunden más allá de las fronteras locales y estatales, promoviendo a líderes llamados a disputar la presidencia de la República. Y en esta lucha por captar los votos, subrayando los errores del partido rival que se encuentra en el poder, ha cobrado relevancia la actuación de los gobernadores de los estados, en el pasado sometidos a la disciplina impuesta desde el centro.         

         Es decir, las diferencias entre el centro y la periferia se mantienen, ha vuelto a cobrar vigencia tras la desaparición del sistema de partido hegemónico, pero ahora se inscribe claramente en la disputa del poder entre partidos políticos.

         Un segundo clivage que históricamente se ha manifestado es el religioso. En la etapa postrevolucionaria se expresa en un primer momento como una ruptura entre clericales y anticlericales que desemboca en una confrontación armada. El fin de la persecución religiosa permite el surgimiento de un partido de oposición al partido en el poder, para entonces llamado Partido de la Revolución Mexicana (PRM).

El PRM fue concebido como un partido de masas, clasista, de afiliación indirecta, formado por sectores que integraban a campesinos, obreros, clases populares y militares. En contraposición, el Partido Acción Nacional se crea como una organización de crecimiento controlado, conducida por profesionistas contrarios a la concepción del ejercicio de la política por el grupo en el poder, con un programa de acción inspirado en los valores de la doctrina social de la Iglesia católica. Durante décadas el PAN se mantuvo como la voz de una minoría que impugnaba lo que desde su perspectiva constituían los abusos de poder de la clase política, y sin negar u ocultar sus creencias religiosas.

Los triunfos electorales del PAN, que lo llevaron a encabezar gobiernos municipales, estatales y a partir del año 2000 la presidencia de la República, fueron vistos por una parte del electorado –principalmente los votantes identificados con el PRI y el PRD— como una amenaza al laicismo existente, proveniente de grupos de derecha con inocultable ánimo revanchista.

La consolidada presencia de órdenes religiosas en las escuelas privadas ponía la mirada en ese sector. Los temores fundados en la experiencia de décadas anteriores acerca del intento de revertir la obligación del Estado de impartir educación laica y gratuita, han fortalecido la defensa del laicismo. Como demuestran las encuestas sobre cultura política, la mayoría de la población se opone a un retroceso en este terreno.

El clivage religioso se expresa en la actualidad, por un lado, entre los grupos ultraconservadores y el clero católico, opuestos al aborto y temas vinculados con la salud reproductiva,  y los grupos a favor de esas prácticas condenadas por la Iglesia Católica.

Concluyo mi intervención simplemente señalando que en su expresión actual, dos de los principales temas que dividen a la sociedad mexicana son las relaciones entre federación y entidades federativas, el viejo clivage centro-periferia; y, en términos ideológicos, las visiones conservadoras, estrechamente ligadas a las proporcionadas por la religión, en particular la católica, y posturas socialmente avanzadas, de nuevas formas de organización de la sociedad más solidarias, tolerantes, las cuales identifican a la izquierda en nuestros días.                   

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[1] Jaime Cárdenas Gracia, “Comentario al artículo 116 constitucional”, en Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada y Concordada, tomo IV, México, Porrúa/UNAM, 20ª ed., 2009, p. 438.  

[2] “Comentario al artículo 115 constitucional”, ibid., p. 393.

[3] Esta se compone de los rendimientos de los bienes que constituyen patrimonio del municipio, de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y las participaciones federales, que siguen siendo el ingreso fundamental. Artículo 115, fracción IV.